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Abogado de Despidos en Madrid
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Análisis del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

 

Medidas para afrontar el impacto del COVID-19 en el ámbito laboral

 

En este artículo se reflejarán las medidas contenidas en el Real Decreto - ley que afectan al ámbito laboral y a  la prestación de servicios, y que se adoptan de forma excepcional como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19.

 

 El artículo 5 del Real Decreto otorga carácter preferente al teletrabajo. Apela a que las empresas, siempre que sea posible, mantengan la actividad realizando los trabajadores la actividad a distancia, y agoten esa posibilidad antes de recurrir a la suspensión o extinción de contratos.

 

Ampliación de los límites de algunos derechos de conciliación familiar.

La regulación actual excepcional parte de lo estipulado en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, ampliando los derechos de los trabajadores conforme se expone a continuación.
 

El Real Decreto - ley amplía el tiempo de reducción de jornada e incentiva la adaptación de horario aplicable a las personas que tengan que hacerse cargo del cuidado del cónyuge/pareja de hecho, familiares de consanguinidad hasta el segundo grado del trabajador, y dicha necesidad de atención y cuidado sea consecuencia directa del COVID-19.
 

 En cuanto a la reducción de jornada, se prevé una modalidad especial que permite la reducción pueda llegar al 100%, con la reducción proporcional de salario. No será necesario que la persona de la que se deba asumir el cuidado no desempeñe actividad retribuida.  El trabajador deberá comunicar la reducción a la empresa con una antelación mínima de 24h. Aconsejamos que esta comunicación se haga por escrito.

Los que ya estén disfrutando de una reducción de jornada, podrán ampliar/modificar la misma, o suspenderla temporalmente, y solicitar esta nueva si es que la causa que motiva la solicitud radica en circunstancias excepcionales originadas por el COVID-19.
 

 En cuanto a la adaptación de horario, el Real Decreto - ley contempla como posibles medidas el cambio de turno, alteración del horario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio de forma de prestación de trabajo – teletrabajo, u otro cambio de condiciones disponible en la empresa que pudiera implantarse. Hay que tener en cuenta que estas medidas son temporales, provisionales y aplicables mientras sean necesarias por la emergencia sanitaria, y siempre y cuando se soliciten por encontrarse en la necesidad de hacerse cargo de del cuidado del cónyuge/pareja de hecho, familiares de consanguinidad hasta el segundo grado del trabajador y dicha necesidad de atención y cuidado sea consecuencia directa del COVID-19.

 

 Suspensión de contratos (ERTE) por Fuerza mayor

Las medidas excepcionales relativas a la suspensión de contratos y reducción de jornada por causa directa en pérdidas de actividad por el COVID-19 que impliquen:

 Suspensión o cancelación de actividades

 Cierre temporal de locales de afluencia publica

 Restricciones en el transporte público

 Restricciones  de la movilidad de las personas y/o mercancías

 Falta de suministros que impidan continuar con el desarrollo de la actividad

 Situaciones urgentes por contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria

Tendrán la consideración de originadas de una situación de fuerza mayor, cuyas consecuencias son las estipuladas en el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre).

Además serán aplicadas las siguientes especialidades en cuanto al proceso de suspensión de contratos o reducción de jornada:

 a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.

b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.

En esta situación, las empresas con menos de 50 trabajadores a fecha de 29/2/2020 quedarán exoneradas del pago de las cuotas de seguridad social de los trabajadores durante el periodo de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado.

Si la empresa tiene 50 trabajadores o más en situación de alta en la fecha arriba reseñada queda exonerada de la obligación de cotizar hasta el 75% de la aportación empresarial.
 

Esta exoneración, en ningún caso, tendrá efectos para los trabajadores, manteniéndose las cotizaciones como si estuvieran trabajando.

 Cuando se proceda a la suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, productivas u organizativas, relacionadas con el COVID-19, serán de aplicación las siguientes medidas:

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.

 

Derechos de los trabajadores 

En caso de suspensión de contrato o reducción de jornada por fuerza mayor o por causas económicas, productivas u organizativas:

 Los trabajadores tendrán derecho a la prestación por desempleo aunque no cuenten con el periodo mínimo de cotización exigido para tener derecho a la prestación.

  El tiempo que los trabajadores perciban la prestación por desempleo por esta causa no se computará como consumido de cara a posteriores solicitudes en el futuro.

  La prestación por desempleo se percibirá durante todo el tiempo que dure la suspensión del contrato o reducción de jornada por esta causa excepcional.

  En los casos de trabajadores fijos-discontinuos que hayan visto suspendida su actividad como consecuencia del COVID-19, y estén percibiendo ahora la prestación por desempleo, tendrán derecho a un máximo de 90 días de prestación por desempleo cuando vuelvan a estar en paro.

La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente, siempre y cuando la causa de la presentación extemporánea radique en las medidas de limitación de la movilidad de los ciudadanos o que estén relacionadas con el funcionamientos de los servicios públicos.

LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN EL ÁMBITO LABORAL PREVISTAS EN EL PRESENTE REAL DECRETO LEY ESTARÁN SUJETAS AL COMPROMISO DE LA EMPRESA DE MANTENER EL EMPLEO DURANTE EL PLAZO DE SEIS MESES DESDE LA FECHA DE REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

 Autónomos

El artículo 17 prevé una prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia afectados por la declaración del Estado de Alarma por el COVID-19.

La medida se aplica para aquellos casos  en los que la actividad quede suspendida  o cuando la facturación este reducida en al menos un 75% respecto a la media del semestre anterior, el trabajador por cuenta propia tendrá derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. Para tener derecho a la misma tiene que acreditar:

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. 

La cuantía de la prestación sería del 70% de la base reguladora, y tendrá una duración de un mes, prorrogable mientras dure el Estado de AlarmaEl tiempo de  percepción de dicha prestación se entenderá como cotizado y no reducirá los periodos de prestación por cese de actividad que puedan pedirse en el futuro. Dicha prestación es incompatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social.

Todo ello es de aplicación también a los socios trabajadores de cooperativas que sean trabajadores por cuenta propia.

Para ampliar esta información o para recibir asesoramiento personalizado en función de su situación concreta, contacte con nosotros en el 91 530 96 95 o 91 530 96 98. Disponible consulta por SKYPE.
 

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